Poco interés por exoneración altoandina

Fuente: Perú21

La controvertida Ley de Promoción para el Desarrollo de las Actividades Productivas en Zonas Altoandinas, promulgada hace 10 meses y defendida a capa y espada por el presidente Alan García, parece no cumplir con sus objetivos.

Fuentes del Ministerio de la Producción informaron que –a la fecha– ninguna empresa se ha acogido a las exoneraciones tributarias que la norma contempla y apenas tres firmas han expresado su interés en hacerlo.

La ley exime del pago del Impuesto a la Renta (IR) a las PYME que desarrollen operaciones en zonas por encima de 2,500 metros sobre el nivel del mar (msnm), y a las industrias que se instalen por arriba de 3,200 msnm. Además, no pagarán aranceles ni IGV por la importación de bienes de capital con fines productivos.

POCOS INTERESADOS. La empresa Lopesa Industrial SAC ha mostrado ante el ministerio su intención de colocar una planta de sazonadores en Junín, con una inversión de US$2 millones. Esta firma podría hacer realidad el proyecto en el corto plazo, aunque aún está en proceso de compra del terreno.

Las otras dos compañías que tomaron contacto con el Gobierno son Vive Titicaca y Piscifactorías Los Andes, ambas del sector Acuícola.

La primera tiene un proyecto por US$1.5 millones, mientras que la otra interesada aún no ha definido el monto de inversión.

Cabe recordar que la promulgación de dicha ley habría sido una de las razones que precipitaron la renuncia de Luis Carranza al Ministerio de Economía en 2009.

Pintura por Francisco de Goya.

La política fiscal del último año

Fuente: Día1

Por: Sandro Fuentes Abogado

Es correcto que la política social tienda a igualar las oportunidades o cuando menos disminuir la heterogeneidad de nuestro país.

No obstante, el Congreso insiste en el mecanismo tributario como supuesto, pero falaz, instrumento redistributivo, algunas veces alentado por el Poder Ejecutivo. Crea vacíos normativos o da incentivos o devoluciones de impuestos, que son, al final, una donación del Estado a unos pocos sin ninguna incidencia en la pobreza de muchos.

La reciente ley de incentivos tributarios para la sierra, y no hace falta ser agorero para saberlo, será uno más de esos intentos fallidos como lo es la Ley de la Amazonía o la de Selva, pues si bien aciertan en la intención de salvar o pulir las condiciones de heterogeneidad, fallan clamorosamente en su análisis de la realidad que pretenden cambiar. De hecho ni promueven la formalización, tampoco la interrelación de los mercados y mucho menos la asociatividad de las personas pobres pero productivas. Redundan, pues, en dar condiciones excepcionales solo para quienes ya están preparados para aprovecharlas, creando un evidente agravio comparativo.

En un Estado tan pobre como el peruano, esos esfuerzos deberían ser especialmente certeros o cuando menos muy reflexivos, para evitar que cada intento fallido no solo signifique la pérdida de recursos que son muy escasos sino también una nueva frustración de expectativas.

No se requiere acudir a Keynes o a Hicks para demostrar que en el Perú carecemos, por ahora, de fundamentos reales, tangibles y lógicos para aspirar a un Estado benefactor y, por lo tanto, bastaría el sentido común a la hora de diseñar los instrumentos del gasto social que harían posible, no ya utilizarlos adecuadamente, sino tan solo evitar el dispendio, hermano gemelo de la corrupción.

Ojalá varios congresistas entendieran esto (y también alcaldes) y pospusieran sus deseos personales o sus ansias reeleccionistas para ahorrarnos a los contribuyentes dinero que no tenemos y además el terrible espectáculo final de su labor.

Pintura de Marc Chagall

Exoneraciones Altoandinas en debate: Costos de Producción son más importantes que Impuesto a la Renta

Fuente: El Comercio

Si un empresario quisiera instalar una planta de yogurt, le convendría hacerlo en la costa, pues las zonas altoandinas implican costos por infraestructura y servicios básicos mayores al beneficio de una exoneración del pago del Impuesto a la Renta, de acuerdo a un estudio de la consultora Pro Expansión.

Según la investigación, solo si el costo de producción es menos de 6% en la sierra, convendría instalarse allá acogiéndose a los beneficios de la ley de exoneración tributaria altoandina. Si el sobrecosto es mayor o si en la zona en cuestión no existe energía eléctrica, no resulta rentable ubicarse encima de los 2.500 metros de altitud.

Cuando los costos de producción aumentan 20% o más, la planta de yogurt en la zona altoandina deja de generar utilidad así no pague impuestos.

LIMITADO ALCANCE
Pro Expansión indica que de los 1.828 distritos supuestamente beneficiados, solo 51 terminan siendo viables por su ubicación geográfica, infraestructura y condiciones sociales existentes.

“La región más beneficiada es Lima”, indica el informe que señala que 26 de los distritos viables están en esa región, por lo que se concluye que la ley no ayudará a la descentralización.

Los 51 distritos viables cuentan con una población de 207.000 personas, quienes serían las beneficiadas con las exoneraciones (no los 4,7 millones que dice el Gobierno). Pro Expansión agrega que la norma tampoco beneficiará a las microempresas y pequeñas empresas —como se argumenta en predios oficialistas— sino a las medianas y grandes.

La consultora recomienda al Gobierno copiar modelos exitosos de promoción de la producción como aquellos que buscan solucionar primero los problemas de mercado, producto, asistencia técnica, tecnología y conocimiento.

VALORES
S/.724.662 De ingresos dejaría una planta de yogurt que produzca 650 mil litros al año.

S/.641.565 Serían los costos asociados a esa planta en Lima.

S/.58.168 Sería la utilidad después de un pago de S/.24.929 por Impuesto a la Renta (30%).

6% De sobrecosto por falta de infraestructura generaría que la utilidad de la planta sea también de S/.58.168.

20% De sobrecosto hace que la empresa no sea viable.

(Foto, Martín Chambi)