Super tax e impuesto a las sobreganancias

Fuente: La República

Humberto Campodónico

La Primera Ministra de Australia anunció que el super tax a las utilidades de las empresas de hierro y carbón será de un 30% adicional, mientras que para las empresas de petróleo y gas será del 40%. Este super tax, cuyo nombre técnico es “impuesto a la renta de recursos naturales”, se cobrará cuando las ganancias de las empresas excedan la tasa de retorno del 12%.

De su lado, el jefe de Política Tributaria del FMI, Philip Daniel, dijo que “el super tax reforzaría las finanzas públicas del país en el largo plazo, a la vez que reduciría el riesgo para los inversionistas. A la vez, el super tax sigue dejando una parte sustancial de las ganancias de los recursos naturales en manos de los privados”. (AFP, 23/6/10)

Lo que está pasando en Australia no es una novedad. También sucede en otros países que tienen actividades extractivas (petróleo, minería) como Azerbaiján, República Dominicana y Botswana. La tendencia es la siguiente: la rentabilidad de las empresas mineras y petroleras no puede ser infinita. Tienen derecho a una tasa de ganancia adecuada, pues eso es lo que esperan de su inversión.

Pero, una vez obtenida esa ganancia adecuada (en jerga financiera, tasa interna de retorno, TIR), deberán pagar impuestos adicionales. Es lo que en el Perú se denomina impuesto a las sobreganancias mineras y petroleras.

El fundamento de este impuesto es simple: en los últimos años –sobre todo desde el 2005– los precios de las materias primas se han disparado debido al crecimiento de la economía mundial y al gran consumo de los países emergentes que se están industrializando y exportando a la vez, comenzando por China, India y Brasil, seguidos de otros tigres asiáticos. Por tanto, las rentabilidades esperadas se han ido a las nubes. Así, por ejemplo, los inversionistas de Antamina (en el año 2000, cuando la mina estaba en construcción) pensaban que el precio del cobre estaría en promedio en US$ 0.90/libra durante los próximos 20 años (ver gráfico). A ese precio la TIR era 14%, lo que les parecía super bueno. Y con el cobre en un (1) dólar la libra TIR era 16% –la gloria–.

Lo sucedido superó todos los cálculos, pues el precio del cobre y del zinc del 2005 en adelante ha sido el triple de los precios del 2000. Así, las utilidades de Antamina han sido de US$ 862, US$ 1,628, US$1,620, US$ 1,200 y US$ 1,010 millones del 2005 al 2009. En total, US$ 6,320 millones. Dicho de otro modo, solo en los dos primeros años recuperaron su inversión de US$ 2,300 millones y su TIR se volvió positiva. No solo eso, ahora su TIR es infinita.

¿Por qué, entonces, no modernizar las leyes peruanas y cobrar un impuesto a las sobreganancias mineras y petroleras? No basta con el impuesto a la renta, porque este no captura la sobreganancia. El procedimiento técnico puede ser el australiano o se puede estudiar otro distinto. La cuestión de fondo es que la sobreganancia que provenga de los recursos naturales debe ser para el país.

Dice el gobierno que no, porque se violarían los contratos-ley ya firmados. No lo creemos, porque las empresas sí estarían dispuestas a negociar. Pero, ¿y los contratos futuros? Aquí no habría obstáculo alguno, salvo la negativa de algunos analistas, como Cecilia Blume, quien acaba de declarar en este diario que los mineros no aceptarían un impuesto a las sobreganancias. Por favor, ni ellos dicen eso.

Por eso, así como ha hecho Australia (encima con el visto bueno del FMI) es necesario, ya, el impuesto a las sobreganancias mineras y petroleras. Los recursos naturales deben servir de palanca para financiar las necesidades del siglo XXI.

Pintura por Salvador Dalí.

"Urge aplicar un impuesto a las sobreganancias"

Fuente: La República

Luego de que el gobierno decidiera renovar por cinco años más el aporte minero voluntario, conocido como “óbolo”, expertos consultados coinciden en que el Estado debe aplicar un impuesto a las sobreganancias tanto mineras como petroleras.

Aurelio Ochoa, experto en temas mineros, dice que el Estado y las empresas mineras o petroleras deberían compartir tanto los riesgos como los beneficios de estas sobreganancias.
“Se deben compartir los riesgos y beneficios. Y es que los riesgos los comparte el fisco a través de un impuesto a la renta menor, pero cuando suben las ganancias de las empresas también debería pasar lo mismo, es decir, que ese beneficio sea compartido con el Estado”, afirmó el experto.

Impuestos al oro y a la plata

Jorge Manco Zaconetti, investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), comparte la idea de que se aplique un impuesto a las sobre ganancias mineras, específicamente en la actividad ligada a la explotación de oro y de plata, que tienen más ganancias.

Manco Zaconetti explicó que este impuesto sería justificable ya que de cada US$ 100 que se exporta el Estado sólo capta menos de US$ 12.
Agregó que el “óbolo minero” no está cumpliendo con su objetivo ya que su ejecución no llega ni al 55% del dinero aportado en mayores proyectos sociales que beneficien a la población.
“Las empresas mineras son las responsables del gasto del aporte voluntario, y dicho aporte no se ejecuta a cabalidad”, señaló.

El dato

OBJETIVO. Jorge Manco dijo que, si se aplica como impuesto, el objetivo debe ser financiar el desarrollo de ventajas competitivas como aprender técnicas de industrialización de materias primas.

Pintura: "Composition VII" por Kandinsky.

Reflexión sobre el impuesto a las sobreganancias mineras

Fuente: La República

Jorge Manco Zaconetti, profesor de la UNMSM

En el 2006 sostenía la tesis de la inconveniencia del impuesto extraordinario a las ganancias extraordinarias por razones técnicas y económicas. Me parecía que hacer diferencias en función de la rentabilidad en materia tributaria era un error. Si todas las empresas pagan la tasa del 30% de impuesto a la renta más un 2% si adopta un contrato de estabilidad tributaria me parecía antitécnico gravar a un sector por el exceso de utilidades.

Al mismo tiempo sostenía la tesis respecto al abono de regalías mineras fijadas como una contraprestación aplicada sobre el valor del concentrado como la forma razonable de participar de la renta minera. Pero el tiempo me ha demostrado que los montos captados por el fisco por regalías mineras resultan mínimos, a lo sumo llegaron a los 500 millones de nuevos soles en el mejor año (2007) y luego disminuyeron dramáticamente. Además, las grandes mineras están blindadas por los contratos de estabilidad jurídica, tributaria y administrativa herencia de las políticas económicas de los noventa.

La ley de regalías mineras como concepto teórico debía compensar a la Nación por la explotación de un recurso natural no renovable. Ahora bien, por los valores obtenidos desde el 2005 al 2009 no existe correspondencia entre la riqueza creada y lo que percibe el Estado por este concepto. Con el agravante que muchas empresas mineras asumen el abono de regalías como un asunto privado.

Por ello, seriamente se debe considerar la aplicación del impuesto extraordinario a las “sobreutilidades” mineras. El riesgo que no venga la inversión privada está sobrevendido por las empresas mineras. Es tan grande la renta minera que se obtiene en el país, y tan desigual su distribución que un impuesto temporal y extraordinario puede ser asumido con creces por el sector minero. Se requiere la necesaria voluntad política “sin arreglos bajo mesa” para imponer la soberanía del Estado sobre los recursos naturales.

Sea cual fuere el próximo gobierno, estará en agenda la aplicación del impuesto extraordinario a las “sobreganancias” para incrementar los ingresos fiscales pues resulta un imperativo nacional. El ejemplo de países mineros del primer mundo, como Australia, con un impuesto extraordinario de una tasa del 40% a las utilidades extraordinarias, así como el camino chileno de captar más de 1,200 millones de dólares por concepto del impuesto extraordinario a la minería para financiar la reconstrucción del país, coloca el tema en agenda.

Evidentemente, la Sociedad de Minería, Petróleo y Energía desplegará todos sus esfuerzos para minimizar y desprestigiar la propuesta como lo hicieron con los proyectos de regalías mineras recreando fantasmas sobre el retiro de la inversión a terceros países, en especial hacia Chile, que era un sobrecosto, que la minería entraría en crisis. Nada de esto era cierto y en el período 2004-2009 han tenido las más importantes ganancias de la historia republicana, y los ingresos fiscales siguen languideciendo.

Por ello, por la propia sobrevivencia del modelo de acumulación minero que concentra la riqueza por un lado, pero que genera una mayor pobreza para la población, con altos costos ambientales, y débil eslabonamiento industrial, resulta de necesidad pública aplicar un impuesto específico y temporal a las sobreutilidades que están obteniendo las empresas mineras.